DERECHO PREVISIONAL: Derecho de Pensión - Concubinato entre personas del mismo sexo

Se trata de un caso que la demandante solicitó a la Justicia que le fuera reconocido el derecho de pensión derivado de la muerte de su compañera con quién sostuvo una relación amorosa, con convivencia pública, fidelidad y asistencia ,mutua, desde el año 1955 hasta el año 1996.

Para el rechazo de la petición se sostuvo que la relación invocada, por tratarse de personas del mismo sexo, era ajena a la convivencia pública en aparente matrimonio prevista por el artículo 53 de la Ley Nº 24.241.

Dicha petición fue rechazada en Primera Instancia, que al ser recurrida también fue rechazada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social.Lo que dió lugar al Recurso Extraordinario habilitó la promoción del Recurso Extraordinario, el que fue concedido, dando lugar al siguiente pronunciamiento:

I- El régimen legal de pensiones no puede, validamente, dejar de comprender situaciones como la presente, vale decir, la de la persona sobreviviente que mantenía con la beneficiaria fallecida una relación que, por sus características, revelaba lazos concretos y contínuos de dependencia económica, bien de la primera respecto de la segunda, bién de índole recíproca o mutua. Dicho de otro modo, la naturaleza "sustitutiva" de determinadas prestaciones de la seguridad social como la aquí en disputa, "que es uno de los pilares fundamentales en que se apoya la materia previsional" (Fallos: 327:5566 y sus citas), debe exhibir la amplitud necesaria para abarcar los nexos de solidaridad y asistencia que, de modo concreto y contínuo, establecen las personas humanas entre sí para satisfacer regularmente las necesidades materiales de la vida, y cuya extinción, por causa de muerte de la beneficiaria, produce a la supertíste una afectación económica desfavorablepara seguir afrontando dichas necesidades, derivadas de la pérdida de los ingresos provenientes del causante.

II- La circunstancia de que el actor haya mantenido con el causante una relación no prevista por el art. 53 de la Ley Nº 24.421 no impide la concesión del beneficio, desde el momento que falleció el beneficiario.

CSJN. 28/6/11 P.,A. c/ ANSES s/ Pensiones

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DERECHO CIVIL - Locación de obra - Mecánico debe compensar reparación fallida (Fallo)

Tras verificar que el demandado no probó que el incumplimiento se haya configurado por culpa de un tercero, ni por caso fortuito o fuerza mayor, el juez Aldo Nova (31ª Nominación Civil y Comercial de Córdoba) condenó a un mecánico de automotores a restituir las sumas percibidas, con más daño moral, con motivo de los trabajos de rectificación que realizó en el motor del vehículo del accionante, que no lograron solucionar los problemas que tenía.

El fallo resaltó que el caso debe encuadrarse dentro de la figura de la locación de obra y que, por ende, se trata de una obligación de resultados, en la que “el hecho objetivo de que el deudor no haya obtenido el resultado lo transforma en responsable, excepción hecha del caso de que éste pruebe una interrupción del nexo causal”.

En la causa se consideró acreditado que el tallerista José Fernando Barbuza cobró al dueño de la unidad 2.700 pesos por la rectificación y que el rodado continuó presentando los mismos problemas que tenía antes de ingresar al taller, motivo por el cual debió ser reparado por otro mecánico. La resolución condenó a Barbuza a abonar la misma suma que había recibido por las tareas acordadas, con más 500 pesos de daño moral, “por la deficiente reparación del vehículo”, destacando que “la entrega de un vehículo a un tallerista para su reparación importa un contrato de ‘locación de obra’, toda vez que se presentan los elementos habitualmente tenidos como tipificantes de tal vinculación, cual es: la ‘promesa de un resultado’, de un trabajo (opus) y la remuneración se fija según la obra o tarea encomendada”.

Doctrina
El magistrado trajo a colación doctrina que informa que “el verdadero fundamento de la responsabilidad del comitente estaría en la idea de ‘garantía’ hacia los terceros: se trataría de una obligación legal de garantía, impuesta por consideraciones de justicia y de interés social, y como medio de brindar una más eficaz protección a la víctima, ante la posible insolvencia del autor directo del daño”.

A su vez, el pronunciamiento fundó el daño moral de condena en que, “en la especie, la conducta disvaliosa del demandado ha repercutido en el fuero íntimo del actor”, quien “realmente (…) ha sufrido padecimientos y angustias al verse impedido de contar con su vehículo y al no obtener respuesta por parte del tallerista”.

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