DERECHO DEL CONSUMIDOR: Ley N° 24.240. Servicios Públicos Domiciliarios. II Parte

Como se mencionara en la primera parte de este artículo, los Servicios Públicos Domiciliarios, son aquellos bienes tangibles o intangibles y prestaciones que reciben las personas en su domicilio o lugar de trabajo, teniendo como contraprestación una tarifa, y son prestados por el Estado, o por Empresas Privadas bajo la regulación, control y vigilancia del Estado.

Asimismo, se considera como Usuario de servicios públicos domiciliarios, es toda aquella persona que utiliza un servicio público domiciliario determinado; de esta manera puede ser un propietario, inquilino, y/o poseedor legal; cuyos derechos están garantizados por la C.N., los marcos regulatorios de cada servicio y la Ley de Defensa del Consumidor.

Continuando con aquellos aspectos importantes de La Ley de Defensa del Consumidor, sobre los Servicios públicos, establece el principio de “reciprocidad de trato”, es decir que la empresa tiene la obligación de adoptar los mismos criterios que utiliza para los cargos por mora, en los casos de reintegros y devoluciones (art. 26).

La Ley en su (art. 27) obliga a las empresas de servicios públicos a habilitar un Registro de Reclamos, debiendo ser la atención personalizada y entregar constancia de cada reclamo -con identificación del mismo- que oportunamente haga el usuario.

Las empresas de servicios públicos, deben informar al usuario sobre condiciones de seguridad, precauciones sobre las instalaciones y artefactos que se utilizan para el goce del servicio (art. 28), lo establecido en este artículo, guarda relación con lo establecido en los arts. 5 y 6 de la Ley de Defensa del Consumidor, que referencian a la protección del valor vida del individuo.

La Ley faculta a la autoridad de control a constatar el buen funcionamiento de los instrumentos de medición que utilizan las empresas prestadoras, cuando existan dudas sobre las mediciones realizadas por estas, exigiendo que todos los instrumentos deben ser los reconocidos y autorizados legalmente.

Las facturas de consumo, deben llegar al domicilio del usuario con no menos de diez días de anticipación a su fecha de vencimiento.

La Doctrina sostiene que “el carácter esencial del servicio público es la continuidad”, es así que con respecto a la interrupción de la prestación del servicio, el (art. 30) de la Ley, resulta de tal contundencia que amerita la transcripción del mismo “Cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones, se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora. Efectuado el reclamo por el usuario, la empresa dispone de un plazo máximo de treinta (30) días para demostrar que la interrupción o alteración no le es imputable. En caso contrario, la empresa deberá reintegrar el importe total del servicio no prestado dentro del plazo establecido precedentemente. Esta disposición no es aplicable cuando el valor del servicio no prestado sea deducido de la factura correspondiente. El usuario puede interponer reclamo desde la interrupción o alteración del servicio y hasta los quince (15) días posteriores al vencimiento de la factura”.

En el caso del servicio de energía eléctrica: ¿ cuales son los pasos a seguir cuando por deficiencia en el servicio se dañan artefactos eléctricos e instalaciones eléctricas ?

Se debe proceder a efectuar un Reclamo ante la empresa proveedora, dicho reclamo debe contener como requisitos básicos:
1.- Nombre, Documento nacional de Identidad, domicilio y teléfono. 2.- Demostrar su condición de titular del servicio (con fotocopia de escritura, contrato de locación, etc.). 3.- Fotocopia de última factura paga. 4.- Presupuestos o facturas de reparaciones (en lo posible de servicio técnico oficial de la marca del artefacto dañado), se debe detallar (Artefactos afectados, reparación a efectuar y costo de la mano de obra y de materiales a utilizar en misma), con firma y aclaración del técnico interviniente.

Cuando los artefactos dañados, no resulten reparables, el servicio técnico deberá expedir constancia de los componentes dañados y la imposibilidad de su reparación. En este caso se debe adjuntar presupuesto de compra de un artefacto de iguales características y modelo que el dañado.

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DERECHO DE FAMILIA - Concubinato - Indemnización por muerte

Confirman que un hombre no puede cobrar indemnización por la muerte de su concubina porque la ley admite el resarcimiento por daño moral sólo para los herederos forzosos. Sin embargo, en un interesante voto de minoría se declaró inconstitucional esa norma.

La Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó un fallo de primera instancia en donde se le negó a una persona la indemnización por daño moral por la muerte de su concubina, ya que la ley sólo admite ese resarcimiento para los herederos forzosos de la víctima, lo que excluye a quienes no están casados.

Sin embargo, el voto de minoría, firmado por Alfredo Gusman, sostuvo que esa distinción es inconstitucional y que debía otorgarse la indemnización reclamada.

En la causa, una persona que convivía con su mujer, con quien tiene un hijo, reclamó una indemnización por daño moral ante la muerte de su concubina tras un tiroteo entre un ladrón y un agente de policía en un colectivo.

Según el artículo 1078 del Código Civil, ante la muerte de la víctima, para reclamar una indemnización por daño moral “únicamente tendrán acción los herederos forzosos”. Según el mismo Código, son herederos forzosos los hijos y el cónyuge sobreviviente, no así los concubinos.

En el voto de mayoría, el juez Ricardo Guarinoni afirmó que “tal como lo he venido sosteniendo en mis votos formulados previamente, creo que el artículo 1078 del Código Civil no puede tener otra interpretación que la de referirse a los herederos forzosos que revisten ese carácter al momento de la muerte, lo que en el caso excluye al concubino por no reunir dicha condición”.

Continuando con el análisis, el camarista sostuvo que “no hay razones para sostener una interpretación que resulta contraria a la ley. Se puede acordar en que el moderno derecho de daños pone el acento en la indemnización integral de las víctimas, pero ello no autoriza a desnaturalizar las disposiciones legales”.

Esos argumentos fueron apoyados por el juez Santiago Kiernan.

En disidencia con sus colegas, el juez Gusman indicó que “La Ley N° 17.711, que otorga al artículo 1078 la redacción actual, fue dictada durante 1968 en un gobierno de facto. Para dicha época la concepción mayoritaria hacia el concubinato opinaba que era un vínculo disvalioso y hasta inmoral”.

“Si me atengo a una visión positivista a ultranza, es evidente que el actor no tendría derecho a su reclamo, pues la norma limita la legitimación activa a los herederos forzosos del causante y el concubino no tiene vocación hereditaria”, señaló el magistrado.

“Dicha restricción conmueve mi sentido de Justicia, al no concebir que una persona no pueda reclamar el daño moral que le irroga la muerte de la pareja con quien estuvo unido por vínculos maritales no regularizados, lo que presupone lazos de amor, de afecto, proyectos de vida en común, etc.”, agregó Gusman.

Asimismo, el juez expresó que “no tiene asidero sostener que ante el fallecimiento de la pareja a raíz de un hecho ilícito, el cónyuge supérstite padezca un dolor distinto que el del conviviente de la víctima; en definitiva no hay razones para indemnizar el daño moral del viudo y no hacerlo respecto del compañero de hecho”.

“Ingresando en el ámbito de los ejemplos, frente a un mismo hecho ilícito que ocasione el fallecimiento de su conviviente y de su mascota, podría demandar un hipotético daño moral por la muerte del animal destinatario de su afecto como damnificado directo, pero no puede pretender el daño moral por la muerte de su compañera de vida”, sostuvo.

Como conclusión, el juez señaló que “el artículo 1078 del Código Civil, al no dar protección a la pareja que no haya sido formalizada en matrimonio, sobrevino inconstitucional”.

Fuente: www.cij.gov.ar