DERECHO CIVIL: Servidumbres - Servidumbre de tránsito (paso)

¿ Que es una servidumbre ?

Se trata de una carga impuesta sobre un inmueble (Heredad o predio sirviente, art. 2974 C.C.), en favor de otro inmueble (Heredad o predio dominante, art. 2973 C.C.), y que obliga al propietario del primero a sufrir ciertos actos de uso, o abstenerse, por su parte, de ejercer ciertos derechos inherentes a la propiedad.

El Código Civil, establece en su artículo 2970: Servidumbre es el derecho real, perpetuo o temporario sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de él, o ejercer ciertos derechos de disposición, o bien impedir que el propietario ejerza algunos de sus derechos de propiedad.

Asimismo las clasifica en:

Servidumbre real artículo 2971: Servidumbre real es el derecho establecido al poseedor de una heredad, sobre otra heredad ajena para utilidad de la primera.

Servidumbre personal artículo 2972: Servidumbre personal es la que se constituye en utilidad de alguna persona determinada, sin dependencia de la posesión de un inmueble, y que acaba con ella.

Las servidumbres pueden ser continuas o discontinuas, la diferencia entre ambas radica en que en estas últimas es necesario el hecho actual del hombre para ser ejercidas, el C.C. cita como ejemplo de estas últimas, las servidumbres de paso.

Las servidumbres se establecen por contratos onerosos o gratuitos, traslativos de propiedad (art. 2977 C.C.). Se establecen también por disposición de última voluntad y por el destino del padre de familia. Se llama destino del padre de familia la disposición que el propietario de dos o más heredades ha hecho para su uso respectivo (art. 2978 C.C.).

Servidumbre de Paso:

Respecto a las servidumbres de tránsito (paso), el Código Civil, establece en los artículos:

Art. 3.068. El propietario, usufructuario, o usuario de una heredad destituida de toda comunicación con el camino público, por la interposición de otras heredades, tiene derecho para imponer a éstas la servidumbre de tránsito, satisfaciendo el valor del terreno necesario para ella, y resarciendo todo otro perjuicio.

Art. 3.069. Se consideran heredades cerradas por las heredades vecinas, no sólo las que están privadas de toda salida a la vía pública, sino también las que no tienen una salida suficiente para su explotación.

(Jurisprudencia): La Corte Suprema de Río Negro, sostiene la: …. servidumbre de tránsito como el derecho que el propietario de un fundo o el titular de otro derecho real, tiene para pasar por un inmueble ajeno; con mayor precisión, Freitas afirma que esta servidumbre consiste en el derecho de pasar el dominante por el predio sirviente para entrar en otro inmueble, y salir de él, sea o no terreno interpuesto o para cualquier fin (Esboço, art. 4840). (Voto del Dr. Sodero Nievas). Carátula: STJRNSC: SE. <61/07> “ALL FLAGS S.A. c/G., S. y Otros (ACC/CONFESORIA) s/ORDINARIO s/CASACION” (Expte. N* 21284/06 - STJ-), (26-03-07). SODERO NIEVAS – BALLADINI – LUTZ (en abstención).

Se entiende que este tipo de servidumbres son forzosas porque el titular del predio a gravar no puede negarse a su establecimiento, y si lo hiciera puede ser condenado a ello por medio de una sentencia, previo pago de una justa indemnización.” (Conf. Lafaille, Derecho Civil. Tratado de los Derechos Reales, t. IV, pág. 514, N* 1491), es decir que esta servidumbre siempre es otorgada por el propietario, pero su concesión es legalmente obligatoria.

La servidumbre de paso prevista en el art. 3068 del Código Civil aunque tiene su fuente mediata en la ley, nace en forma inmediata de la petición de la parte perjudicada por la situación. Es decir, frente al desconocimiento del propietario del fundo sirviente, el derecho se constituye como consecuencia de la pretensión, deducida judicialmente por el propietario del fundo dominante. (Expediente: 41581 - Campolongo Jose En J: Ibañez Gerardo Y Otro Jose Campolongo Y Otro Ordinario - Inconstitucionalidad – Casacion. Fecha: 13-05-1985. Magistrados: Massimiani Kemelmajer De Carlucci-mila-miquel-salvini-lorente-romano. Tribunal: Suprema Corte De Justicia de la provincia de Mendoza).

A los fines de evitar confusiones, se hace saber a todas aquellas personas que visitan el blog que las consulta por temas que involucran situaciones particulares tienen un costo establecido por la Ley Nº 6767, artículo 22, (legislación vigente en la provincia de Santa Fe, República Argentina) y se realizan en entrevistas personales (sin excepción). Por Favor, requiera mayor información por e-mail o telefónicamente.

DERECHO CIVIL - FAMILIA: Divorcio - Caso de división de Bien inmueble

La transcripción del artículo periodístico, se remite a un Fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que le concedió el 75 por ciento de un inmueble al hombre y el 25 a la mujer.

El pronunciamiento de la CSJSF, data del año 2006, pero sentó un precedente, para que se tenga en cuenta, que ante la existencia de un bien inmueble registrado a nombre de los dos cónyuges, resulta de suma importancia poder probar contundentemente cuanto aportó cada uno y fundamentalmente el origen de los fondos, ya que como se podrá apreciar, no solo basta con invocar el aporte sino que también es necesario justificar fehacientemente el origen de los mismos.

"La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó un fallo de un tribunal de Familia de Rosario, que en una división de bienes por divorcio concede el 75 por ciento de un inmueble al hombre y el 25 a la mujer, en lugar del tradicional 50 y 50 por ciento, una sentencia que los especialistas consideran importante porque "sienta precedente".

Si bien el departamento que habitaba la pareja en el centro rosarino estaba registrado a nombre de los dos, la compra –a 200 mil dólares– se había efectuado con el aporte exclusivo de dinero del hombre, un conocido ingeniero de la ciudad.

Según el sitio web Tiempo de Justicia, ante escribano público habían declarado que la mujer aportaba la mitad del valor de la propiedad con una donación que le realizaba su madre.

Pero cuando se divorciaron el profesional dijo que ese era falso y la Justicia, al dictar el fallo, sostuvo que "hay que demostrarlo, no sólo declararlo".

Como la mujer no pudo justificar el aporte de dinero, la Justicia determinó que de ese bien ganancial el 75 por ciento era para el hombre.

En la escritura no quedó respaldada la supuesta donación recibida por la mujer para aportar el cincuenta por ciento del valor del lujoso inmueble comprado, pues el escribano se limitó a "tomar la declaración" sin requerir la documentación respaldatoria de lo manifestado.
Una posterior investigación judicial precisó la insolvencia de la suegra y comprobó además que el hombre contrató un seguro de vida que fue extendido a nombre de su ex cónyuge y su madre, evidenciando "un manifiesto interés económico".

Al separarse, promovió un incidente de calificación de bienes de la sociedad conyugal para determinar la "realidad de los fondos" aportados por cada uno para la compra de la propiedad, con independencia de lo afirmado por las partes, por exigirlo así el "orden público" comprometido en el régimen patrimonial matrimonial insusceptible de verse modificado por convenciones entre cónyuges.

El fallo fue confirmado en las tres instancias judiciales: la sentencia del juez de familia Ricardo Dutto fue ratificada por el pleno del Colegiado de Familia de la 5ta. Nominación, por la Cámara Civil y Comercial y ahora por la corte santafesina, con el voto unánime de cinco de sus miembros.

Especialistas en derecho de familia consideran que esto sienta un precedente de suma importancia, pues no tiene antecedentes en la provincia y en el país sólo hay un fallo anterior dictado por la Cámara Nacional Civil de Buenos Aires".

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DERECHO CIVIL - FAMILIA: Divorcio - causales - efectos

En realidad, lo que motiva el presente artículo, es brindar nociones elementales sobre el “Divorcio”, pero considero importante en principio, establecer muy claramente las diferencia entre Divorcio y Separación Personal.

La Separación Personal no disuelve el vínculo matrimonial y el cónyuge inocente conserva los derechos hereditarios, obviamente el cónyuge culpable pierde los derechos hereditarios.

El divorcio vincular disuelve el vínculo matrimonial.

Cuando hay separación personal o divorcio vincular de común acuerdo o sin culpa, ninguno de los cónyuges mantiene los derechos hereditarios en la sucesión del otro.

EL DIVORCIO VINCULAR

Su denominación de vincular, responde a que se rompe el vínculo conyugal y se disuelve la sociedad conyugal.

Causales

Entre las causas más comunes del divorcio, se encuentran los malos tratos, las injurias graves, la falta de cumplimiento de los deberes conyugales y el abandono del hogar conyugal. Salvo esta última, todas las anteriores conllevan a que la situación de convivencia entre los cónyuges, se vuelva intolerable, para finalmente llegarse al abandono del hogar por uno de los cónyuges.

La Ley Nº 23.515, establece como causales de divorcio, las siguientes:

1. El adulterio.

2. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos, sean o no comunes, ya
como autor principal, cómplice o instigador.

3. La instigación de uno de los cónyuges al otro a cometer delitos.

4. Las injurias graves. Para su apreciación el juez tomará en consideración la educación posición social y demás circunstancias de hecho que puedan presentarse.

5. El abandono voluntario y malicioso.

6. La separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse por un mayor tiempo continuo mayor de tres años.

También podrá decretarse divorcio vincular por conversión de la sentencia de separación personal. Si lo piden ambos cónyuges, después de transcurrido un año. Para el supuesto que la pida uno sólo es necesario el transcurso de tres años.

La petición del divorcio, se realiza ante un Juez, siendo competente para entender en la causa, el magistrado del último domicilio conyugal.

Efectos

Como se manifestara precedentemente, el divorcio vincular disuelve la unión matrimonial, en consecuencia cesan los derechos hereditarios; cada uno de los cónyuges podrá elegir su domicilio o residencia y se recupera la posibilidad de contraer nuevo matrimonio. El cónyuge que hubiera dado causa al mismo, deberá contribuir a que el otro, si no dio también causa a la separación, mantenga el nivel económico del que gozaron durante su convivencia, teniendo en cuenta los recursos de ambos. Este derecho cesará si el cónyuge que lo percibe, contrajere nuevas nupcias, viviere en concubinato o incurriere en injurias graves contra el otro.

En el caso que fruto de la unión matrimonio, haya hijos, la ley establece que: los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor. Los mayores de esa edad a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. Los progenitores continuarán sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de sus hijos.

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DERECHO DEL CONSUMIDOR: Compra de electrodomésticos - Garantía

En la actualidad es llamativa la competencia en la venta de artículos del hogar y electrodomésticos en comercios del ramo y también en las cadenas de grandes supermercados, lo que lleva a que estas casas de comercio realicen ofertas, a la cuales el consumidor le conviene estudiar y analizar antes de decidirse a comprar.

Cuando se compra un artículo de electrónica una de las cosas a tener en cuenta es la garantía del citado producto. El vendedor en el momento de la compra suele notificarnos que el comprador tiene 72 horas para efectuar cualquier tipo de reclamo ante el comercio y ante cualquier falla de funcionamiento se canjeará el mismo por uno nuevo.

Si uno observa esta situación puede notar que la garantía que nos brinda el negocio es de tres días (72 horas) y luego el comprador deberá estar a la garantía ofrecida por el fabricante, ya sea de 6 meses o en algunos casos, un año. Es decir que el vendedor se está eximiendo de la responsabilidad que le marca la Ley de Defensa del Consumidor

En este sentido debemos tener presente, que esta actitud del vendedor se encuentra en colisión con lo determinado por la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, que determina en sus artículos:

ARTICULO 11. — Garantías. Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles conforme lo establece el artículo 2325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. La garantía legal tendrá vigencia por TRES (3) meses cuando se trate de bienes muebles usados y por SEIS (6) meses en los demás casos a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado el transporte será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo. (Artículo sustituido por art. 9° de la Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008)

ARTICULO 12. — Servicio Técnico. Los fabricantes, importadores y vendedores de las cosas mencionadas en el artículo anterior, deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos.

ARTICULO 13. — Responsabilidad solidaria. Son solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal, los productores, importadores, distribuidores y vendedores de las cosas comprendidas en el artículo 11.

Al momento de adquirir un bien de este tipo, el comprador debe cerciorarse sobre la garantía, lo siguiente:

-El certificado de garantía del producto debe estar escrito en castellano, en lenguaje claro y debe contener:
-La identificación del vendedor, fabricante, importador o distribuidor.
-La identificación de la cosa con sus especificaciones técnicas.
-La condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento.
-Las condiciones de validez de garantía y su plazo.
-Las condiciones de reparación de la cosa, indicando el lugar donde se hará efectiva.

Se debe tener presente que la mayoría de los artículos (Ej. aires acondicionados, llavarropas automáticos, microondas, etc.) que se compran, se venden y entregan sin probar, en caja cerrada, lo que hace más insegura la venta y obliga al comprador, a que cuando llegue a su hogar, deba rápidamente probar si el aparato que adquirió funciona correctamente y seguir usándolo durante tres días más, a los efectos de comprobar si funciona correctamente.

Asimismo, las casas que venden este tipo de productos, por ejemplo FRAVEGA, GARBARINO, y otras, ofrecen una garantía adicional a la que entrega el fabricante, de un año o más, lógicamente queda a voluntad del comprador la extensión de garantía propuesta y el costo -obviamente- es asumido por este.

Además, hoy día es muy común también que las casas de venta de este tipo de productos, ofrezcan una garantía extendida opcional.

La Ley de Defensa del consumidor, también prevé, la prolongación del plazo de garantía en el caso de la necesidad de reparación del producto:

ARTICULO 16. — Prolongación del Plazo de Garantía. El tiempo durante el cual el consumidor está privado del uso de la cosa en garantía, por cualquier causa relacionada con su reparación, debe computarse como prolongación del plazo de garantía legal.

Y en el caso que la reparación del artefacto no sea de satisfacción del comprador, la ley le otorga las siguientes opciones:

ARTICULO 17. — Reparación no Satisfactoria. En los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede:

a) Pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características. En tal caso el plazo de la garantía legal se computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa;

b) Devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales;

c) Obtener una quita proporcional del precio. En todos los casos, la opción por parte del consumidor no impide la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que pudieren corresponder.

Determina incluso que también se debe prolongar el plazo de la garantía, si la persona estuvo privada del uso del producto adquirido por el tiempo de la reparación, si es que tuvo algún desperfecto técnico y lo retiró el service de la garantía.

Finalmente, se recuerda que la “responsabilidad por daños” también está contemplada por la Ley de Defensa del Consumidor, siendo la misma solidaria del productor, fabricante, importador, distribuidor, proveedor y vendedor y el transportista:

ARTICULO 40. — Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena. (Artículo incorporado por el art. 4º de la Ley Nº 24.999 B.O. 30/7/1998)

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EDUCACION: La Educación de nuestros hijos

Cuantas responsabilidad tenemos en la educación y/o formación de nuestros hijos ?

Cuando reconoceremos que una palabra con autoridad de padres, reportará mejores resultados que la permisibilidad enfermiza que deparará negativas consecuencias ?

Cuando comprenderemos que el docente es docente y no nos suplanta en nuestras responsabilidad como padres ?

Cuando restauraremos valores como la disciplina y el orden, sin creer que esas palabras son unicamente resabios de autoritarismos ?

Cuando nos daremos cuenta que en el inicio de la senda de la vida, somos responsables del camino que tomen nuestros hijos ?

" .... los hijos necesitan percibir que durante la niñez estamos a la cabeza de sus vidas como líderes capaces de sujetarlos cuando no se pueden contener y de guiarlos mientras no saben para donde van .... "

DERECHO DEL CONSUMIDOR: Cuales son mis Derechos ?

Conocer mis Derechos como Consumidor

Los Derechos del Consumidor, se encuentran en la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) y en la Constitución Nacional.

En un estudio realizado sobre un muestreo de 487 personas, se determinó que el 79% de los consumidores no tiene conocimiento de los derechos que les otorga la Ley de Defensa de Defensa del Consumidor.

El Trabajo realizado los días 4, 5 y 6 de junio de 2008, por D´Alessio Irol para Clarín, demostró la insuficiente difusión que tiene la Ley N° 24.240 “Ley de Defensa del Consumidor”. Asimismo, evidenció “que ocho de cada diez consumidores no saben que tienen leyes que los defienden desde hace quince años y que hacía apenas dos meses atrás el Congreso había aprobado una veintena de artículos de esa ley para resolver conflictos más actuales entre usuarios y empresas”.

Ya, en el Primer Encuentro Nacional de Asociaciones de Consumidores, realizado los días 31 de marzo y 1° de abril de 2005, se reconocía que: “la ley de Defensa del Consumidor tiene más de diez años de vigencia. Sin embargo podemos afirmar, sin lugar a dudas, que frente a la relación de consumo la ignorancia del consumidor (sobre el producto o servicio) es la regla y el conocimiento la excepción. Cuestión importante si se advierte que ello impide un consentimiento informado, quedando así gravemente perjudicados los intereses del consumidor y de la comunidad toda, al afectarse la transparencia en la relación de consumo”.

Esta situación no se ha modificado, y los consumidores, en muchos casos no saben como actuar frente a una situación determinada: concurrir reiteradas veces a un negocio de electrodomésticos para efectuar un reclamo que en la mayoría de los casos no es atendido como corresponde; concurrir a un service y no lograr la reparación adecuada; la imposibilidad de lograr la baja de un servicio que ya no se desea utilizar; lograr que cesen descuentos/débitos automáticos que se efectúan sobre haberes; etc.

“ … En nuestro país se propició durante varios años la libertad de mercado – fundamentalmente en la última década del siglo pasado – a la luz de cánones ultraliberales, preconizándose la pretendida capacidad autorregulatoria de la Economía que, por virtud y gracia de libre juego de la oferta y la demanda, generaría la espontánea reconstitución de inequidades y el reparto igualitario de los beneficios. A pesar de ello hemos comprobado, tal vez de la manera más brutal que fuera posible imaginar, que tales bondades del intercambio de bienes y servicios sin ningún tipo de regulación que evite desvíos y abusos, es un espejismo al que los intereses más mezquinos destinan incesantes esfuerzo para mostrar como verdadero”. (DANTE D. RUSCONI. LA PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS COMO FUNCION ESENCIAL DEL ESTADO ARGENTINO. Artículo en homenaje al Prof. Bartolomé FIORINI, en el 30º aniversario de su fallecimiento. )

Esto hace necesario que el Consumidor, conozca cuales son sus Derechos.

Derechos consagrados en la Ley N° 24.240 Ley de Defensa de Defensa del Consumidor:

DERECHO A LA INFORMACION

ARTICULO 4º — Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión.
El artículo 4° de la Ley obliga al proveedor a brindarle al Consumidor, toda la información (características, instrucciones, etc.) disponible sobre el bien o el servicio que se oferta en el mercado. Este derecho, no es apreciado en su magnitud por el Consumidor, que no presta mayor atención a la información que se adjunta al producto o servicio.

El hecho de contar con la información apropiada permite adoptar decisiones correctas al momento de contratar un servicio o adquirir un bien.

Por este motivo, el Consumidor, debe estar alerta y no caer en el error de dejarse llevar por la saturación de las campañas publicitarias.

DERECHO A LA PROTECCION DE LA SALUD

ARTICULO 5º — Protección al Consumidor. Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios.

La Ley, procura garantizar la salud y la integridad física, desde el momento que establece taxativamente que los bienes y servicios utilizados en condiciones adecuadas y dentro de la racionalidad, no representen un peligro para el Consumidor. En el caso de los electrodomésticos que deben incluir un manual de usuario que además de instruir en su utilización, además debe contener todas aquellas advertencias destinadas a proteger la seguridad e integridad del adquirente)

DERECHO A LA SEGURIDAD

ARTICULO 6º — Cosas y Servicios Riesgosos. Las cosas y servicios, incluidos los servicios públicos domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios, deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos. En tales casos debe entregarse un manual en idioma nacional sobre el uso, la instalación y mantenimiento de la cosa o servicio de que se trate y brindarle adecuado asesoramiento. Igual obligación regirá en todos los casos en que se trate de artículos importados, siendo los sujetos anunciados en el artículo 4 responsables del contenido de la traducción.
Se constituye este derecho como un complemento del que antecede, haciendo extensiva la protección a aquellos bienes y servicios riesgosos (como ejemplo podemos citar a la pirotecnia, el gas envasado, etc.).

DERECHO DE RETRACTO

Este Derecho se constituye en la posibilidad que toda persona pueda revocar su aceptación de compra, esta facultad se encuentra restringida a ventas domiciliarias, ventas por correspondencia y otras. La Ley establece un plazo para la aceptación o la revocación: diez (10) días.

ARTICULO 34. — Revocación de aceptación. En los casos previstos en los artículos 32 y 33 de la presente ley, el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada. El vendedor debe informar por escrito al consumidor de esta facultad de revocación en todo documento que con motivo de venta le sea presentado al consumidor. Tal información debe ser incluida en forma clara y notoria. El consumidor debe poner el bien a disposición del vendedor y los gastos de devolución son por cuenta de este último.

DERECHO A LA LIBRE ELECCION

Derecho consagrado en la Constitución Nacional, cuando en su artículo 42° último párrafo alude a la libertad de elección:

Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Este derecho, consiste en la posibilidad que todo Consumidor, pueda elegir libremente que productos o servicios le conviene, dentro de una amplia gama de ellos. El Estado debe garantizar una libre y leal competencia.

DERECHO AL CONSUMO

El mismo artículo 42° cuando establece:

Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Fundamental Derecho, que además de sentar las bases de la relaciones de consumo, no permite para las mismas, ningún tipo de discriminación (raza, credo, condición social, etc.) para con el ciudadano-consumidor.

Para el caso de suceder un caso de discriminación, la persona encuentra su amparo en el artículo 43° de la Constitución Nacional:

Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor …

DERECHO DE LOS INTERESES ECONOMICOS DEL CONSUMIDOR

El artículo 42° de la Constitución Nacional, segundo párrafo, establece:

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

El Estado, será el que mediante el dictado de normas afines, provea esa protección, en el caso la Ley N° 24.240, las disposiciones administrativas que regulan el comercio, etc.

DERECHO A LA JUSTICIA

La Constitución Nacional en el artículo 42° último párrafo, dispone:

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

En virtud del precepto constitucional, la Ley N° 24.240 en su artículo 45 establece el “procedimiento administrativo”, ante el caso de infracción a la letra de la Ley y el art. 52°, establece que los consumidores y usuarios podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados.

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DERECHO DEL CONSUMIDOR: Ley N° 24.240. Consumidor - Proveedor

La Ley N° 24.240 - Antecedentes

La Ley de Defensa del Consumidor, fue sancionada en fecha 22 de setiembre de 1.993, y modificada posteriormente por las leyes 24.568, 24.787, 24.999 y 26.361. La misma encuentra antecedentes en la Carta Europea de Protección de los Consumidores, El Programa Preliminar y las directivas de la Comunidad Económica Europea, Las Directrices de la ONU para la protección al consumidor, países como Inglaterra, Suiza, Dinamarca, y antecedentes constitucionales en Brasil, Perú, México, Ecuador, Venezuela, Colombia, Paraguay y otros países latinoamericanos.

La defensa del consumidor se sustenta ante la situación de debilidad en que se encuentra este, frente al empresario (proveedor), todo en un escenario dinámico de consumo y una publicidad agresiva y constante con la que es atraído el individuo.

En este marco, la Ley N° 24.240, en su artículo 1°, establece el “objeto” de la norma:

La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines.

Consumidor

y define lo que es el “Consumidor”

Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo.

Como se puede apreciar la norma, alude al consumidor (adquiere bienes) y al usuario (utiliza bienes o servicios), extendiendo la protección a ambos ya sea en forma gratuita u onerosa. Asimismo, establece que consumidor o usuario pueden ser personas físicas o jurídicas.

Proveedor

Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley.

Pueden ser proveedores las personas físicas o jurídicas, tanto privadas como públicas, los cuales están obligados al cumplimiento de lo que establece la ley.

La norma no excluye a aquellos que desarrollan actividades, en forma ocasional, también los incluye y a su vez establece cuáles son esas actividades (producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios) teniendo las mismas como destinatarios los consumidores y/o usuarios.

No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias, que no se vincularen con la publicidad de los servicios, presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación.

La ley excluye a los servicios brindados por médicos, abogados, contadores, ingenieros, etc., dejando en claro que se refiere a todas aquellas actividades profesionales que requieran título universitario y matrícula profesional, pero si incluye la publicidad que se haga de los mismos.

Relación de consumo

De acuerdo al texto legal, el consumo refiere a los bienes y servicios, y establece que la relación de consumo es aquella que se da entre proveedor y consumidor o usuario (art. 3°).

Asimismo, el texto de la Ley N° 24.240 se integra con la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial, dejándose en claro que en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece la Ley N° 24.240 prevalecerá la más favorable al consumidor.

Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.

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